Empleo informal en el litoral: más común de lo que indican las estadísticas

La Encuesta Continua de Hogares del INE registra la tasa de informalidad laboral a nivel nacional y por departamento, pero tiene una limitación estructural importante: mide a partir de declaraciones del propio trabajador, y en sectores donde la informalidad es la norma, muchas personas no reconocen su situación como informal porque nunca conocieron otra cosa. En departamentos como Paysandú y Salto, donde el sector agropecuario, la construcción de pequeña escala y el comercio minorista tienen un peso mayor que en Montevideo, esta subestimación es sistemática. Estudios del Instituto Cuesta Duarte y del CINVE han estimado que la informalidad real en el litoral puede superar entre un quince y un veinte por ciento la tasa que registra la ECH para esos departamentos. Las consecuencias son concretas: trabajadores sin acceso al seguro de desempleo en períodos de baja actividad, sin cobertura del BPS, y con trayectorias previsionales que los dejan fuera del sistema jubilatorio formal. El problema no es nuevo, pero se agudizó tras la pandemia de 2020 cuando muchas relaciones laborales que se habían formalizado volvieron a la informalidad ante la caída de la demanda en sectores como el turismo interno y la gastronomía. La política pública disponible incluye el monotributo como vía de formalización gradual, pero su adopción en el litoral sigue siendo baja respecto al promedio nacional, en parte por dificultades de acceso a información y trámites en zonas rurales y semiurbanas. Entender la magnitud real del problema es el primer paso para diseñar políticas que funcionen más allá de Montevideo.